La nueva normativa en España sobre huella de carbono representa un avance clave en la lucha contra el cambio climático, alineando al país con los objetivos de sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que impone a ciertas empresas y organismos públicos la obligación de calcular, certificar y reducir su huella de carbono.
¿A quién afecta esta nueva normativa?
Este Real Decreto establece que la medición y certificación de la huella de carbono es obligatoria para:
Empresas privadas que cumplan al menos una de estas condiciones:
- Más de 500 empleados y ser consideradas entidades de interés público.
- Ser una gran empresa, es decir, cumplir al menos dos de estos criterios durante dos ejercicios consecutivos:
- Activo superior a 20 millones de euros.
- Cifra de negocios superior a 40 millones de euros.
- Número medio de empleados superior a 250.
Administración General del Estado, incluyendo ministerios, organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social.
Obligaciones para empresas y administraciones
Las organizaciones afectadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Cálculo anual de la huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3, abarcando todas las emisiones directas e indirectas generadas por su actividad.
- Elaboración de un plan de reducción de emisiones con objetivos cuantificables a cinco años y estrategias específicas para alcanzarlos.
- Certificación oficial de la huella de carbono mediante una entidad acreditada, garantizando la transparencia y fiabilidad de los datos reportados.
La nueva normativa en España sobre huella de carbono busca fortalecer la gestión ambiental en el país y posicionarlo como un referente en la transición hacia una economía baja en carbono.
España adopta un criterio más exigente que la UE
A diferencia de la normativa propuesta en la Unión Europea, que obliga a empresas con más de 1.000 empleados y facturación superior a 50 millones de euros, España mantiene criterios más estrictos.
Esta decisión refuerza el compromiso del país con la sostenibilidad y la transparencia, alineándose con:
- Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
- Ley 11/2018 de Información No Financiera.
Si deseas más detalles, puedes consultar la nota de prensa oficial del MITECO aquí
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